En diciembre del 2019, diez líderes y lideresas sociales interpusieron una tutela porque se estaba vulnerando su derecho fundamental a defender derechos. Esto se debe principalmente a la falta de garantías para ejercer su labor de liderazgo social debidoal incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz, donde se establecían de manera especial salvaguardas tanto para su vida como su activismo en los territorios.