A quince horas de Bogotá se está desarrollando la prueba definitiva de eficacia de una de las leyes más cuestionadas y publicitadas del gobierno de Juan Manuel Santos, la ley de víctimas y restitución de tierras. La comunidad de Pitalito, diecisiete familias que fueron obligadas a abandonar sus casas, cultivos y forma de vida, han retornado a sus tierras sin esperar que un juez les diera autorización. Han ejecutado su derecho al, como se llama, retorno voluntario exponiéndose a pecho descubierto.
El día 28 de Agosto del 2013, la Comisión de Verificación organizada desde la ciudad de Bogotá en razón de las múltiples denuncias recibidas por las organizaciones defensoras de derechos humanos en el marco del Paro Agrario Nacional en el departamento de Boyacá y Cundinamarca, inició un segundo recorrido con la intención de visitar varios municipios entre los que se encuentran Ubaté, Chiquinquirá, Tunja, Duitama y Sogamoso.
Desde el 05 de Noviembre de 2013, se está dejando por debajo de la puerta de la viviendas de los campesinos un panfleto de las autodefensas unidas de Colombia (comando Niche) en distintas veredas del sur y del oriente del departamento del Tolima, en el que se amenaza a varios líderes y campesinos, a quienes señalan de obedecer a la guerrillera.
El Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política de Boyacá y Casanare, la Campaña contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia, la Corporación Zoscua y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, denunciamos el uso excesivo de agentes de la fuerza pública contra manifestantes que participan desde el 19 de agosto en el paro nacional agrario con carácter indefinido, convocado hace varios meses por los campesinos en diferentes regiones del país.