La impunidad que envuelve los crímenes cometidos por agentes estatales en Colombia es el combustible para el recrudecimiento de la violencia del Estado contra la población civil, la perpetuidad del exterminio a la oposición y la prolongación de un régimen autoritario que no honra los compromisos asumidos como Estado sino que permite y promueve el genocidio continuado mientras se dice democracia.