x

En 2016, el Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló:

“Líderes de los movimientos Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos recibieron amenazas, fueron vigilados y estigmatizados por supuestos vínculos con las guerrillas. En un programa de televisión de amplia difusión se señaló públicamente a una organización campesina de tener relación con las FARC-EP por sus declaraciones en favor del cese de hostilidades […] Finalmente, el activismo en favor de la paz generó persecución. Por ejemplo, organizaciones y personas que participaron en las audiencias de víctimas de La Habana recibieron amenazas” 1


1 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Informe anual. Consejo de Derechos Humanos, 31.º período de sesiones, 15 de marzo de 2016. A/HRC/31/3/Add.2, pág. 17; párr. 82 y 83.

El mayor número de convenios de cooperación se concentra en el sector de hidrocarburos (53%), seguido del sector minero (30%).

Distribución por sector de los convenios de cooperación (2012-2018)

Entre 2012 y 2018 se identificaron 117 empresas del sector minero-energético que tienen convenios de cooperación con el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública en 27 de los 32 departamentos. Las empresas que tienen el mayor número de convenios para recibir “especial protección” en las zonas de su interés son:
Principales empresas con convenios con la Fuerza Pública
Convenios de Ecopetrol con la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación entre 2015 y 2019
Estructuras de Apoyo (EDA) de la Fiscalía General de la Nación (FGN)

En el año 2001, la Fiscalía General de la Nación firmó un convenio de cooperación con la Policía Nacional, Ecopetrol y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional para crear 7 estructuras de apoyo en regiones estratégicas del país, con el propósito de adelantar las investigaciones por delitos como el apoderamiento de hidrocarburos y atentados terroristas contra la infraestructura petrolera y energética, entre otros. Actualmente hay 10.

para financiar las labores de las EDA en la investigación y judicialización de, entre otros delitos, obstrucción a vías públicas y vías de hecho durante protestas sociales que afecten la operación de la industria petrolera.

La financiación privada de entidades encargadas de la persecución, investigación y judicialización de conductas contrarias a la ley ha promovido la apertura de procesos penales en contra de varios dirigentes campesinos y defensores/as de derechos humanos, como represalia por su participación en protestas pacíficas contra empresas petroleras en el país.

Inició la Fiscalía General de la Nación3 por la comisión de delitos en escenarios de protesta social.


Producto de estas investigaciones se han capturado a 47 personas.

Las EDAs han acusado a 22 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente por su participación en jornadas de protestas contra las empresas petroleras. En 15 de estos casos, la Fiscalía promovió medidas restrictivas de la libertad.

↓ Leer más

Conclusión Aunque la militarización de los territorios se produce con fundamento en la existencia del conflicto armado que afecta la infraestructura minero-energética, los convenios de cooperación en cuestión son también una respuesta del Estado a los conflictos socio-ambientales y sindicales que tienen lugar en los territorios en donde hay presencia de empresas trasnacionales del sector minero-energético. Esta situación genera un proceso de privatización de la Fuerza Pública para proteger intereses de empresas privadas que pone en riesgo a las y los defensores de derechos humanos.

Aunque la CIDH ha manifestado que los jueces deben considerar la medida menos gravosa para el imputado que la requerida por el fiscal, en los procesos penales contra defensores/as de derechos humanos esto no sucede así, pese a que el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal contempla la posibilidad de imponer otras medidas de aseguramiento que no restringen el derecho a la libertad.
Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones.
Teniendo en cuenta el discurso que asocia la labor de defensa de los derechos humanos con actividades insurgentes, esta actividad puede ser revalorada y reinterpretada como una “contribución ilícita” a los Grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos Armados Organizados (GAO).
Tal situación afecta la posibilidad de nombrar un/a abogado/a de confianza, quienes podrían inhibirse de asumir la defensa de determinados casos por el temor de resultar investigados/as.

Normas de este tipo, siguiendo a la CIDH, han sido utilizadas para impedir la labor de organizaciones de derechos humanos, las cuales buscan proporcionar asistencia o asesoramiento especializado a personas que han sido señaladas por los Estados de pertenecer a estos grupos. En este sentido, este tipo penal pone en riesgo a las y los abogados que defienden personas procesadas por su presunta pertenencia a GDOs y GAOs.

Cerrar [x]

Además, esta norma busca que las y los abogados tengan la obligación de “acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios”, lo cual implica una violación a la presunción de inocencia; no se puede presumir que los fondos que reciben las y los abogados de sus clientes son ilícitos, toda vez que no se ha adelantado un juicio en el que se demuestre que el cliente es culpable de los cargos formulados por la Fiscalía.

Cerrar [x]

Participación de funcionarios públicos y actores privados en las campañas de desprestigio y estigmatización de defensores/as de DDHH.

Participación de funcionarios públicos y actores privados en las campañas de desprestigio y estigmatización de defensores/as de DDHH.

En este grupo se encontraba la defensora Paola Andrea Salgado Piedrahita, abogada e integrante de diversos procesos sociales como la Confluencia de Mujeres del Congreso de los Pueblos, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Red Nacional de Mujeres.

En este caso, a un grupo de las personas detenidas (3 defensores/as de derechos humanos) se las acusó de pertenecer al ELN (cargos de rebelión, terrorismo y violencia contra servidor público) y de realizar varios ataques en Bogotá con artefactos explosivos desde el año 2014 y en los primeros meses de 2015. Por otra parte, las otras 10 personas fueron acusadas de hechos delictivos (porte, tráfico y fabricación de armas, y violencia contra servidor público) por su participación en los disturbios y en acciones de carácter violento que se dieron en el marco de la protesta estudiantildel 20 de mayo de 2015 en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Los medios de comunicación contribuyeron a generar en la opinión pública una noción de coherencia con respecto a estas capturas.

No obstante, después de algunos meses de detención con medida de aseguramiento privativa de la libertad, el 11 de septiembre de 2015 el Juzgado 44 del Circuito de la ciudad de Bogotá ordenó la libertad de los 13 capturados teniendo en cuenta que la legalización de las capturas no se hizo dentro de los tiempos legales. Además de esto, se estableció que la juez que tomó la decisión de enviar a estas personas a prisión no valoró los elementos materiales probatorios para determinar cuál fue la participación de cada una de las personas implicadas, vulnerando con ello el derecho al debido proceso y de defensa.

Por otro lado, las capturas masivas generan mayor impacto mediático e inciden en la percepción de seguridad y en la imagen de las instituciones, las cuales buscan mostrar e inflar “resultados” (capturas) en el marco de la lucha contrainsurgente y en función de ciertas coyunturas, como los momentos electorales, para ganar legitimidad. En este sentido, se destacan las capturas masivas en el suroccidente del país, el 20 de abril de 2018, por supuestos vínculos de distintas personas, incluidas defensores/as de derechos humanos y funcionarios públicos, con el Frente de Guerra Suroccidental del ElN; 33 personas capturadas, de acuerdo con Claudia Carrasquilla, Fiscal Nacional contra el Crimen Organizado, en una acción simultánea en Cali y algunos municipios de Nariño 7.

+ Leer más
Al respecto, el Congreso de los Pueblos denunció que estas capturas ocurrieron ante la necesidad de “dar resultados” ante las críticas al gobierno de Juan Manuel Santos por parte de sectores de derecha que utilizan el miedo como herramienta de campaña electoral, y ante la situación fronteriza en Nariño ocasionada por el cártel de Sinaloa al mando de alias “Guacho”. Adicionalmente, estas capturas ocurrieron una semana después de que la Procuraduría General de la Nación emitiera un informe sobre los riesgos y vulneraciones de los defensores de derechos territoriales.



Cerrar [x]

La aplicación de estos lineamientos de despenalización y descriminalización no se ha materializado según lo esperado.
La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular presentó el 26 de septiembre de 2017 un listado de 59 personas procesadas por conductas cometidas en contexto de la protesta social.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP, durante el año 2018 y hasta el mes de junio de 2019, tiene conocimiento de 29 personas9 que han solicitado comparecer ante esta jurisdicción por delitos en relación con la protesta social.

Desde el 15 de enero de 2018, fecha en la que entró en funcionamiento la magistratura de la JEP, hasta el mes de junio de 2019, la SDSJ no ha resuelto ninguna cesación de procedimiento con miras a la extinción de la responsabilidad por delitos en contexto relacionado con el ejercicio de la protesta social o disturbios internos. Por su parte, la Sala de Amnistía e Indulto no ha otorgado ninguna amnistía10. La SDSJ únicamente realizó una audiencia de régimen de condicionalidad el 17 de enero de 2019, en la cual se escuchó a 7 campesinos que se encuentran investigados por los delitos de violencia contra servidor público y obstrucción de vías públicas que afecten el orden público, por hechos ocurridos con ocasión del paro agrario del año 2014, en el municipio de Pinchote (Santander).
En esa oportunidad, las víctimas alegaron su inocencia señalando que, pese a que participaron de la movilización, no propiciaron ni fueron autores de los actos de violencia. Después de ocho meses de esta diligencia, el proceso aún se encuentra en etapa probatoria y no se han adoptado ninguno de los mecanismos de cesación de procedimiento para los cuales está facultada la Sala, tales como extinción de la acción, responsabilidad y sanción penal.
Es recurrente encontrar que, tras una judicialización y la imposición de una medida de aseguramiento, se afecten las relaciones interpersonales y se generen rupturas parciales o totales en los vínculos familiares y de pareja, e incluso en los círculos de amistad que se ven afectados por la difamación a la que son expuestas las personas defensoras. Así mismo, la judicialización puede conllevar a una desintegración y reorganización del círculo familiar y de los roles que asumían sus integrantes, lo que puede agudizar los impactos psicológicos y emocionales cuando las personas criminalizadas son las responsables de proveer recursos en su hogar, y tienen a su cargo el cuidado de familiares que dependen exclusivamente de ellas.
Cabe aclarar que la ansiedad, estrés o depresión no solo se generan con la detención y el inicio de un proceso penal.

Como afirma la CIDH, solo la amenaza de una eventual detención es suficiente para generar estos trastornos emocionales. Además, cuando las personas recuperan su libertad, estos efectos permanecen debido al miedo ante la posibilidad de ser nuevamente detenidos y judicializados de manera arbitraria o por nuevas situaciones derivadas de la criminalización, como el exilio, que trastocan los planes o proyectos de vida.
Los impactos psicológicos y emocionales se extienden al círculo familiar

Es el caso de la captura de la defensora de derechos humanos Alix Miriam Aguilar, presidenta del comité municipal de la Asociación de Mujeres Unidas del Casanare (Asmuc), el 1 de octubre de 2018, quien se encuentra en detención domiciliaria. El día de su detención en su casa, su hija de 8 años presenció el uso excesivo de la fuerza de parte de la fuerza pública y el momento en el que le apuntaron un arma de fuego directamente a su madre. A partir de esto, presenta ansiedad, depresión y ataques de pánico, temor a la autoridad y temor a que vayan a llevarse a su madre, lo cual le afecta el sueño y su desempeño escolar.
En otros casos, y de manera frecuente, la criminalización y estigmatización dificulta la obtención de ingresos de las personas defensoras y, por lo tanto, del núcleo familiar de manera más extensa.

La privación de la libertad en centros penitenciarios, o la restricción de movimiento que implica la detención domiciliaria, impide directamente el desarrollo de las actividades remuneradas que realizan defensores/as, y que van más allá de su labor de defensa de los derechos humanos. En efecto, la pérdida de empleo es común, así como los obstáculos para encontrar trabajo posteriormente por la estigmatización que genera el haber estado vinculado a un proceso judicial de este tipo. Las 8 personas defensoras de derechos humanos de San Luis de Palenque, judicializadas por protestar contra la multinacional Frontera Energy, han señalado estar en quiebra por la imposibilidad de desarrollar sus actividades económicas, labores agrícolas o de transporte, producto de sus detenciones. Oneira Gutiérrez, madre de Ferney Salcedo, quien se dedicaba al cultivo de arroz, afirma que las deudas adquiridas para el desarrollo de los proyectos agrícolas entraron en cobro jurídico teniendo en cuenta la restricción de la movilidad para trabajar. Por su parte, Alix Miriam Aguilar también ha tenido detrimento económico al no poder salir de su residencia para vender sus productos, por lo que afirma vivir de la solidaridad de las personas y de la fabricación de unas bolsas reutilizables que le dejan algunos ingresos.
Estar sujeto a procesos penales infundados genera estigmatización a la persona defensora criminalizada, sus familiares y allegados, y las organizaciones sociales de las que hacen parte las personas defensoras.

Este señalamiento trastoca su vida cotidiana y social, y los vuele, junto con las personas que muestran su solidaridad y apoyo a las víctimas de “montajes judiciales”, sujetos de sospecha y, en ocasiones, rechazo por parte de algunos miembros de la comunidad. A su vez, esta estigmatización pone en riesgo la vida de todas estas personas y las expone a múltiples repertorios de violencia por parte de actores no estatales y estatales: amenazas, asesinatos, hostigamientos e intimidaciones constantes, por ejemplo, por medio de allanamientos o seguimientos ilegales, nuevas judicializaciones o detenciones arbitrarias, entre otros.

Por ejemplo, en el caso de los líderes en el Meta que han denunciado los efectos ambientales, sociales y laborales de la explotación petrolera para las comunidades de Acacias y Castilla la Nueva, la estigmatización ha sido promovida desde el mismo Estado y ha puesto en riesgo la vida de las personas defensoras que son tildadas de ser “terroristas”. Varios líderes denuncian que […]
[…] el mismo Estado ha expuesto sus nombres públicamente como enemigos de la explotación petrolera en un documento alojado en el servidor del Ministerio del Interior. Dicho documento, titulado “Estrategia Territorial de Hidrocarburos de 2015”, se creó entre el Ministerio de Minas, el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el respaldo de la Presidencia y la financiación de Ecopetrol. Tenía como función identificar los actores de posibles conflictos con la industria en el Meta, por lo cual era de uso interno, únicamente para funcionarios públicos. En este documento se nombran a varios líderes y organizaciones ambientales que participan en protestas y plantones, además, de cómo han sido sus reclamos11.
La criminalización y estigmatización tiene unos impactos colectivos en términos del efecto amedrentador que se extiende a quienes defienden causas similares.
En concreto, se multiplica y generaliza el temor de las personas a la hora de “reclamar sus derechos ya que pueden caer presos”, como afirma Jesús Leal Salcedo, de San Luis de Palenque. En este sentido, se puede llegar a paralizar o a debilitar la defensa de ciertas causas por parte de personas y organizaciones sociales, y a desincentivar la creación de nuevos liderazgos.
Alix Miriam Aguilar
Líderes del Meta
Finalmente, cuando se desincentivan las actividades de defensa de los derechos humanos se perpetúa la situación general de vulneración de derechos humanos a la que se oponen las personas defensoras. Así, la criminalización de defensores/as que se oponen a la explotación petrolera, a los proyectos energéticos como las hidroeléctricas, a la minería a gran escala, entre otros, propicia que se sigan reproduciendo los impactos negativos tanto en las comunidades como en el medio ambiente asociados a los megaproyectos de este sector.

Impactos significativos:

• La contaminación en las fuentes hídricas.
• La transformación de la vocación agrícola de los territorios por las presiones de empresas transnacionales y los imperativos del sector minero-energético y de hidrocarburos, pero también por proyectos agroindustriales.
• La concentración de la tenencia de la tierra
• La violación de los derechos territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, la precarización de las condiciones laborales, entre otros.
El defensor Teófilo Acuña dice...  
Por ejemplo, Alix Miriam Aguilar solía invitar a varias personas a reuniones de Asmuc pero, tras su judicialización, las personas tienen miedo de ser estigmatizadas por el hecho de asistir a estas reuniones. En el caso de las capturas masivas del 16 de marzo de 2013 de integrantes del Movimiento por la Defensa del Territorio y Afectados por Represas Ríos Vivos (84 personas retenidas y 11 personas judicializadas) en Antioquia, aunque al siguiente día un juez consideró que las capturas fueron ilegales, se logró el levantamiento de las jornadas de protesta que se venía realizando en el Valle de Toledo desde el 20 de marzo para denunciar las afectaciones sociales, culturales y ambientales del proyecto Hidroituango.

Cerrar x

Otro caso significativo es el de los líderes comunales, ambientales y sindicales en el Meta. Un grupo de 7 defensores/as que se oponían a los impactos laborales, sociales y ambientales de la actividad petrolera de Ecopetrol fueron judicializados el 10 de septiembre de 2018, por hechos ocurridos en el marco de las movilizaciones sociales de mayo de 2016, julio de 2017 y febrero de 2018. Un grupo de 3 líderes sindicales de la Unión Sindical Obrera ya habían sido judicializados el 4 de diciembre de 2013 por su labor. Aunque, actualmente, todos se encuentran en libertad, las judicializaciones generan un daño colectivo; como afirma la abogada Rosa María Mateus del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), “puede ser que no lo metan a la cárcel cinco años, pero sí generaron el temor de salir a protestar, porque sabe que los cogen”.

Cerrar x

Para el defensor Teófilo Acuña, de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, Fedeagromisbol, la única garantía de que las empresas dedicadas a la economía extractiva no exploten el subsuelo, y generen estos impactos, es la participación activa de la comunidad

Cerrar x

Pese a ser tratados por las autoridades como temibles y peligrosos delincuentes, la comunidad de San Luis de Palenque los reconocía por trabajo en la defensa de los derechos humanos y su liderazgo social.
En particular, por la vocería que ejercían en el proceso de negociación que durante los últimos años venían adelantando ante la empresa petrolera Frontera Energy (antes Pacific E&P) debido a los impactos que la exploración de hidrocarburos, bajo el proyecto “Bloque Exploratorio Cubiro” con licencia ambiental desde el 2005, estaba produciendo en el territorio, así como por la mora en el pago de varios servicios que les había prestado la comunidad.

Inicio de las obras de exploración y explotación de hidrocarburos y la identificación de sus posibles riesgos

En el año 2005, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante Resolución No. 2147, otorgó licencia ambiental para el proyecto “Bloque Exploratorio Cubiro”, localizado en jurisdicción de los municipios de Trinidad y San Luis de Palenque, en el departamento de Casanare. Los posibles impactos que la exploración del Bloque Cubiro generaría en el territorio eran, según este Ministerio:

La afectación a la infraestructura social y económica de la población, […] [pues] se estima, por pozo exploratorio, el tránsito de 120 tractomulas aproximadamente. [...] La presión adicional a la infraestructura vial, especialmente a la veredal, puede redundar en su deterioro y posterior incomunicación de la población.

Los daños anunciados por el Ministerio de Ambiente se materializaron uno a uno, pero también se reportaron otros más, no tenidos en cuenta en las previsiones de dicho Ministerio. Cinco años después del inicio de la fase de exploración, las Juntas de Acción Comunal de los municipios afectados, de las cuales hacían parte los 8 defensores/as de derechos humanos procesados, denunciaron los impactos que las obras petroleras estaban generando. En particular, que:

La empresa viene generando contaminación ambiental por el polvo que levanta con el tráfico de los vehículos, generando enfermedades respiratorias a las comunidades y demás seres vivos. La empresa utiliza el agua de producción para regar la vía, la cual va a las sabanas contaminando pastos y abrevaderos para el ganado. En ocasiones se toma agua de río generando consumos en detrimento de los cursos de agua. La compañía está vertiendo las aguas de producción al Río Pauto, generando contaminación ambiental y detrimento al uso del agua para el consumo humano y la economía de la región. Se han presentado muertes de animales por contaminación de las praderas. La contaminación atmosférica se presenta con la quema de los gases asociado a la producción, que pueden generar en enfermedades graves.



Además, se denunció que Frontera Energy tenía una deuda con la comunidad por más de 3.400 millones de pesos, dado que la empresa no había cancelado durante más de dos años los servicios de transporte, alimentación, alojamiento, entre otros, que habitantes de la comunidad le prestaba a ésta y a sus contratistas.

Antecedentes de la judicialización: inicio de acciones de movilización social en el año 2016

A partir de esa situación, la comunidad inició un proceso continuo de exigibilidad de derechos, plasmado en pliegos de exigencias, mesas de concertación con la empresa y autoridades de gobierno, así como movilizaciones sociales. Ferney Salcedo, Jesús Leal Salcedo, Carmen Iraida Salcedo y Yulivel Leal jugaron un papel fundamental en este proceso, no sólo por su participación en las distintas reuniones en las que presentaron los reclamos de la comunidad, sino por ser, algunas de ellas, víctimas directas de las actuaciones arbitrarias de la empresa.

Por los continuos incumplimientos de la petrolera Frontera Energy ante los compromisos asumidos con la comunidad, la población adelantó varios procesos de movilización pacífica en los pozos petroleros del bloque “Cubiro” durante el año 2017 y 2018. Ante esta situación, la empresa anunció públicamente en febrero de 2018 la suspensión de las actividades en el Bloque Cubiro e hizo afirmaciones que desdibujaban y estigmatizaban la labor de las y los defensores/as:

Desafortunadamente, las excesivas demandas por parte de un grupo minoritario de personas de San Luis de Palenque; grupo que no representa a los líderes ni a la comunidad del municipio, ha llevado a que la compañía tome esta decisión. Frontera Energy está dispuesta a negociar en buenos términos, pero no bajo la presión de un bloqueo y amenazas a los trabajadores. La compañía no responderá a tácticas de intimidación.



La protesta de 2018 y el inicio de la investigación penal

Según se ha documentado, existe evidencia que la empresa habría promovido acciones orientadas a desprestigiar las labores de las personas defensoras de derechos humanos y habría desarrollado tácticas orientadas a dividir la comunidad. El 26 de febrero de 2018 se desarrolló una jornada de protestas pacíficas para exigir el cumplimiento de las demandas sociales. Durante la movilización, un policía del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) resultó herido tras ser atado y arrastrado durante unos minutos por un caballo, cuyo jinete hasta la fecha, no ha sido debidamente identificado.

Producto de esta situación, la Fiscalía inició un proceso de investigación que concluyó con la captura de 8 personas el 27 de noviembre de 2018.


Presunta parcialidad de la Fiscalía y de la Fuerza Pública en el caso

La Estructura de Apoyo EDA de la FGN financiada por la empresa Ecopetrol -socia estratégica de Frontera Energy- para investigar delitos que afectan la infraestructura petrolera y energética, les imputó los cargos. En enero de 2018, diez meses antes de la captura, Ecopetrol había firmado un convenio con la Fiscalía por un monto de $17.600.983.146 para que esta entidad hiciera un refuerzo de su capacidad investigativa y de judicialización de, entre otras conductas, la obstrucción a vías públicas y el uso de vías de hecho durante las protestas sociales.

De otro lado, Frontera Energy ha financiado las labores del Ejército y la Policía, las mismas instituciones que presentaron un informe de inteligencia militar en este caso, el 22 de noviembre de 2018, en el que señalan la existencia de una estructura delincuencial en San Luis de Palenque, y que desplegaron un gran operativo, de por sí costoso, para la captura de las 8 defensoras/es de derechos humanos. El 16 de noviembre de 2018, once días antes de la detención, la empresa suscribió el Convenio No. 18-014 con el Ministerio de Defensa Nacional, en la cual el Ejército Nacional se compromete a brindar una especial protección a las áreas de interés de la empresa a cambio de unos aportes que la empresa realizó por un monto de $2.152.974.695 durante un periodo de trece meses. Tan solo tres días después, suscribió un nuevo convenio, el Convenio No. 18-017 con el Ministerio de Defensa Nacional, para los mismos propósitos, esta vez por un monto de $2.340 millones a ejecutarse en un plazo de un mes y doce días.

La celeridad de la investigación por parte de la Fiscalía y la Fuerza Pública pone en entredicho la independencia de estas instituciones, dado que durante el primer año de detención preventiva y actividad procesal las autoridades no han demostrado elementos materiales probatorios o hechos que los vinculen de manera directa con actividades ilícitas. Por el contrario, han argumentado como riesgosa la labor que ejercen estas personas en el proceso de negociación y exigibilidad de derechos que se adelanta con Frontera Energy. De lo anterior, se desprenden dudas sobre la independencia, autonomía e imparcialidad del caso.

La acción penal de la Fiscalía va encaminada a afectar la lucha social que se adelanta en San Luis de Palenque, no solo porque priva a las personas defensoras y voceros/as de la posibilidad de tener contacto con su comunidad, sino porque actúa en contra de una sola familia, amedrentando a toda una comunidad. Las 8 personas defensoras de derechos humanos se encuentran privadas de su libertad; 3 de ellas en centro carcelario y las demás, en detención domiciliaria. Tales medidas de aseguramiento, constituyen una forma de violentar el principio de presunción de inocencia y un castigo a la labor de defensa de los derechos humanos.


El dirigente campesino Hermes José Burgos Moreno fue privado de la libertad el primero de septiembre de 2018, en el municipio de Arauquita (Arauca), cuando ejercía el cargo de fiscal de Asonalca. Dentro del mismo proceso se produjo la captura de otras cuatro personas en los municipios de Yopal y Aguazul, entre los cuales se encuentra otra líder social: Alix Miriam Aguilar, perteneciente a la Asociación de Mujeres Unidas por Casanare (Asmuc).

Hermes José

Hermes José es oriundo de Arauca y tiene una larga trayectoria como líder campesino. A finales de la década de los noventa lideró los comités de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) en las veredas Las Gaviotas y San Isidro, del municipio de Arauquita. Fue directivo del Comité Ganadero de Arauca y también integrante de la Federación de Cacaoteros. Ha promovido procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el departamento de Arauca, y ha participado en diversas movilizaciones campesinas, siendo las más importantes las de los paros nacionales campesinos y agrarios de 2013 y 2016.



Horacio Lizarazo

Un mes y dos semanas después, el 19 de octubre de 2018, Horacio Lizarazo, dirigente de Asonalca en el municipio de Arauquita-Arauca y miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda San José de Caranal del mismo municipio, fue capturado por la Fiscalía. Durante 2017 y 2018, Horacio lideró la recolección de firmas para poder realizar una consulta popular en contra de la exploración y explotación petrolera y el fracking en su municipio. En meses previos a su detención, Horacio denunció ante la personería municipal el asedio y persecución que sufría por parte del Ejército Nacional producto de sus labores de liderazgo ambiental.

En el municipio de Arauquita existen 6 convenios (2014-2018) entre la Fuerza Pública y empresas petroleras, entre las que se destaca Occidental de Colombia LLC (Oxycol) y Ecopetrol, por montos que superan los 27.510 millones de pesos. Estos convenios tienen por objeto que la Fuerza Pública preste una especial atención a las zonas de interés en donde las empresas desarrollan sus operaciones.

Carlos Romero y Fredy Adolfo Figueroa

Seis meses más tarde, en abril de 2019, la misma Fiscalía Especializada 135 EDA promovió la captura de otros 2 integrantes de Asonalca acusados de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos y rebelión: Carlos Romero y Fredy Adolfo Figueroa. En el caso de Carlos, el ente investigador afirmó que: “su proceso de formación y fuerte convicción política soportada en principios marxistas-leninistas, constituyen un verdadero componente político, el cual busca el derrocamiento del régimen constitucional vigente”. En el caso de Fredy Adolfo, la Fiscalía lo acusó de “infiltrar las marchas campesinas, ya que es un líder de tipo político y desempeña roles de carácter organizativo y de movimiento de masas […] atribución que usa además para realizar bloqueos viales en los departamentos antes mencionados”.



Carlos es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional y secretario de Asonalca, Casanare. Durante el año 2016 participó de manera activa en la organización y desarrollo de la Minga Nacional Campesina, Étnica y Popular y promovió mesas de interlocución con el gobierno nacional y departamental para debatir sobre la titulación de la tierra y los impactos de la Ley 1776 de 2016, la cual crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres). Este defensor denunció los intereses que motivaron al gobierno a promover esta norma e impulsó el reconocimiento de los territorios campesinos agroalimentarios.



Fredy Adolfo, por su parte, es oriundo de Simití, Bolívar y profesional en salud ocupacional e integrante de Asonalca y de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc). En el año 1999, cuando tenía diez años, sufrió un desplazamiento forzado por el asedio de los grupos armados ilegales, razón por la cual se trasladó a la ciudad de Bogotá, y posteriormente a Casanare. Luego, se vinculó a Asonalca y a Cospacc, organizaciones en las cuales realizaba labores de asesoría, capacitación y documentación de graves violaciones a los derechos humanos.



En particular, realizó un ejercicio de monitoreo a la situación de la comunidad indígena del cabildo Nasa kiwe Fxiw y los campesinos víctimas del conflicto armado, quienes por incumplimientos del gobierno departamental y municipal decidieron ocupar la Finca Corinto vía Yopal-Tilodiran desde finales del mes de marzo de 2018. También hacía parte de la Mesa Departamental de protección a líderes sociales, espacio en el cual entablaba un diálogo permanente con las autoridades y denunciaba las agresiones que sufrían las personas que defendían los derechos humanos en Casanare. Allí presentó los hechos de hostigamiento de los que él era víctima, razón por la cual la Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió otorgarle medidas de protección (un medio de comunicación) aunque los seguimientos continuaron.



Producto de esos procesos de movilización, en el año 2015 se instaló una mesa trabajo entre la comunidad y la Alcaldía. Alix Miriam fungió como una de las voceras de la ciudadanía en este espacio. Sin embargo, el proceso de diálogo no avanzaba y las solicitudes de la comunidad no eran atendidas por el gobierno municipal, razón por la cual en enero de 2016 la comunidad protagonizó un proceso de movilización que consistió en la toma temporal de la vía pública que conduce al asentamiento.

14 de febrero de 2016

El 14 de febrero de 2016, la Fiscalía realizó un allanamiento a la casa de esta defensora de derechos humanos, y a la de otros 2 líderes del asentamiento. Para ello, las autoridades desplegaron un operativo con decenas de hombres y caninos de la Fuerza Pública, sin embargo, no le fue encontrado ningún material ilegal. Pese a ello, a los tres días del allanamiento su rostro se encontraba circulando por el diario Extra de la ciudad de Yopal, vinculándola como una integrante de la guerrilla del ELN. Producto de esta situación, y fruto de un escenario continuo de hostigamiento, en el año 2017 recibió medidas de protección por parte de la UNP (chaleco antibalas, un botón de pánico y un medio de comunicación).



30 de septiembre de 2018

Posteriormente, el 30 de septiembre de 2018, fue capturada a las 11:27pm en su casa por orden de la Fiscalía 135 EDA, la cual la acusa de concierto para delinquir, extorsión y rebelión como parte del mismo proceso por el cual está privado de la libertad el líder Hermes José Burgos. Según las afirmaciones de la FGN, en la audiencia de imputación, Alix Miriam es conocida como alias “la loca o Andrea” y es la encargada de “coordinador milicias al servicio del Frente José David Suárez” y de organizar marchas y plantones a solicitud del ELN. Al igual que en los otros casos, la Fiscalía no presenta una relación de hechos clara, que relacione circunstancias de modo, tiempo y lugar de las supuestas acciones delictivas cometidas por Alix Miriam para sustentar la imputación.

Actualmente, Alix Miriam se encuentra cobijada con una medida de detención domiciliaria, sin poder ejercer su actividad económica tradicional (venta de ropa por catálogo) razón por la cual ha tenido que transformar sus labores. Es de aclarar que esta defensora de derechos humanos es madre soltera cabeza de hogar y es la responsable económica de su hija de 8 años.
La comunidad denunció la participación de Francisco Alberto Marulanda–hermano de Carlos Marulanda, ex ministro de Desarrollo y ex embajador de Colombia ante la Unión Europea- en la participación de los hechos que generaron los hechos de desplazamiento forzado.

Historia de la persecusión

La historia de la persecución contra la comunidad de Bellacruz llevaba muchos años. Decenas de familias se encontraban asentadas en los terrenos de esta Hacienda desde mediados de los años ochenta. En 1986, un grupo de 64 familias campesinas sin tierra se asentó sobre el borde de Caño Alonso, en predios que, figuraban como baldíos, pero que reclama como suyos una familia con gran capital: los Marulanda. Esta familia decía ser propietaria de las tierras. En 1989, los Marulanda propiciaron un primer desplazamiento de familias campesinas que, posteriormente, iniciaron un proceso de reclamo ante las autoridades del Estado colombiano para que les fueran adjudicadas esas tierras, ateniéndose a los dispuesto por la Ley 160 de 1994


En 1990, el Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) inició el proceso de clarificación, y el 20 de abril de 1994 finalizó el proceso a través de la Resolución 1551, la cual declaraba como tierras baldías de la Nación a varios predios que hacían parte de la Hacienda. Estos predios correspondían a 1.500 hectáreas, sin embargo, se encontraban en poder de la familia Marulanda, a pesar de que legalmente debían ser adjudicadas a los campesinos sin tierra de la región. Una vez declarados los predios como baldíos, se requería realizar el deslinde de estos para posteriormente ser adjudicados; sin embargo, esto fue impedido por un grupo paramilitar a cargo de Juan Francisco Prada Márquez que, para el año 1996, ya se encontraba asentado con una base de entrenamiento en los predios de la Hacienda.


Con el ánimo de desarticular la lucha de las comunidades, los paramilitares iniciaron un proceso de amenaza y hostigamiento que generó que varias familias campesinas se desplazaran de manera violenta. En particular, en los días 14, 15 y 16 de febrero de 1996, los paramilitares ingresaron a los lotes, quemaron las casas de los campesinos, asesinaron a miembros de la comunidad, y violaron a varias mujeres, lo que generó el desplazamiento de, aproximadamente, 600 campesinos/as. 12



Después del desplazamiento

A los pocos meses del desplazamiento, el 12 de abril de 1996, el Gobierno Nacional y las comunidades campesinas firmaron un acuerdo en el que el Estado asumió la obligación de garantizar el retorno de los campesinos desplazados de la Hacienda Bellacru. Debido a la expectativa generada, algunos campesinos decidieron retornar a los predios que venían ocupando, sin embargo, varios fueron asesinados en el año 1996. Cientos de familias, ante el temor generado, se reubicaron en diferentes partes del país y otros se vieron obligados a exiliarse para proteger sus vidas. De las familias desplazadas, el 30%, aproximadamente, se reubicaron en lugares conocidos como La Miel y Cámbulos, en el departamento del Tolima, y en La Cochinilla, Norte de Santander.



Fue solo hasta el 5 de septiembre de 2011, mediante la Resolución 2294, que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) retomó el caso de Bellacruz para adelantar el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados por particulares, sobre las 1.500 hectáreas que habían sido declaradas desde 1994, para, posteriormente, adjudicarlas a familias campesinas desplazadas y, así, garantizar sus derechos fundamentales. Sin embargo, transcurrido mucho tiempo desde que quedó en firme la decisión, las órdenes de inscripción en el registro y de recuperación material de los inmuebles no fueron cumplidas, de manera injustificada, por la oficina de registro de instrumentos públicos de Aguachica (Cesar), ni por el Incoder. Por lo anterior, la Asociación Colombiana Horizonte de Población desplazada (Asocol), interpuso una acción de tutela que fue elegida para revisión por parte de la Corte Constitucional. El 12 de mayo de 2016, la Sala Plena de la Corte Constitucional falló sobre la tutela y emitió la sentencia SU235 de 2016, la cual favorece y protege los derechos del campesinado que ha sido víctima del accionar de los grupos paramilitares y presuntamente de la familia Marulanda Ramírez. Por un lado, la Corte le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras continuar con el proceso de adjudicación de baldíos y, por otro lado, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) iniciar los “procesos de restitución de tierras de los campesinos que acrediten haber sido víctimas de desplazamiento de la antigua Hacienda Bellacruz”.



Durante ese proceso, la URT desarrolló grupos focales para determinar las circunstancias y víctimas del despojo. Allí, según funcionarios, se determinó que los habitantes de San Antonio o Caño Alonso, Santa Helena, los Cacaos y San Carlos; no padecieron la incursión paramilitar acaecida en febrero de 199613. Según la Unidad, algunos de los campesinos reclamantes vendieron voluntariamente sus predios, razón por la cual no podrían ser catalogados como víctimas del despojo. Sin embargo, esta decisión se tomó obviando que dicha venta, que aparentemente fue voluntaria, según han denunciado los campesinos, se dio bajo la presión de terceros, es decir que fue coaccionada.



La entidad también aseguró que Freddy Rodríguez Corrales, representante legal de Asocol, motivó a campesinos del predio San Antonio a declarar que fueron víctimas de despojo. Sin embargo, en el escrito de acusación la Fiscalía no se presenta de manera clara hechos, pruebas u otros indicios para demostrar estas afirmaciones. Además, no se describe la responsabilidad individual de cada una de las personas acusadas para inferir que existió falso testimonio. Tampoco se explica por qué se afirma que ellos no fueron despojados de manera violenta de sus tierras, teniendo en cuenta que la presencia paramilitar en la zona fue permanente durante varios años, y que los hechos violentos no se reducen a los tres días de febrero de 1996, por lo que su desplazamiento se llevó a cabo semanas antes y después de los tres días paradigmáticos de la violencia de alias “Pacho Prada”.

Los fundamentos de la acusación de la Fiscalía en contra de los reclamantes de tierras tienen como sustento una denuncia que presentó en enero de 2017, ocho meses después de la sentencia de la Corte Constitucional, la sociedad M.R. de Inversiones Ltda, la cual pertenecía a la familia Marulanda. De otra parte, algunas autoridades como la Unidad de Restitución de Tierras realizaron una campaña de desprestigio en la cual se asoció a los reclamantes como “falsas víctimas”, pese a que varias de ellas en 1996 denunciaron ante personerías municipales y otras autoridades los hechos violentos que ocurrieron en su contra.
Las personas detenidas fueron acusadas de los delitos de rebelión, concierto para delinquir, financiación de grupos terroristas, reclutamiento de menores y porte, tráfico o fabricación de arma de fuego o municiones. En realidad, 4 de los detenidos hacían parte de organizaciones sociales, tales como, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC), el Congreso de los Pueblos y de distintas asociaciones de pequeños mineros.

José David Jaime Lemus

Se ha desempeñado como agricultor y líder comunal de la vereda la Bonita del municipio de Arenal, al sur del departamento de Bolívar, desde hace más de quince años. Para la fecha de su detención, José David era el presidente de la Junta de Acción Comunal de su vereda..



Manuel Francisco Zabaleta

Ha desarrollado actividades como líder comunal en el corregimiento de Casa de barro del municipio de Norosí. Es cofundador y vocero de la CISBCSC, y representante legal de la Asociación de Agromineros de Casa de Barro, filial de Fedeagromisbol. Manuel Francisco ha librado una lucha por el medio ambiente y el trabajo tradicional, junto a los procesos sociales en el sur de Bolívar, ante la llegada de multinacionales del oro que han pretendido despojarlos de sus territorios. De manera particular, organizó procesos de movilización social para rechazar el ingreso de la multinacional Anglogold Ashanti que, en 2007, había solicitado licencia para explorar y explotar minas de oro en al menos 1.160.000 hectáreas de tierra en el país.



Isidro Alarcón

Es líder del proceso de la Asamblea Popular Constituyente por la Vida, la Justicia y la Paz de Micoahumado. También fue uno de los voceros campesinos durante el éxodo de campesinos de 1998, y fue concejal suplente del municipio de Morales. Durante los años 2013 al 2014, fue Inspector de Policía del corregimiento de Micoahumado.



Milena Quiroz

Por último, es líder social del municipio de Arenal, integrante de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, vocera de la CISBCSC, y representante legal de la Cooperativa Multiactiva de Arenal (Comuarenal), y del Consejo de Comunidades Negras “Casimira Olave Arincon Amela”. Milena se ha destacado como comunicadora popular de la emisora comunitaria de Arenal La Negrita Stereo, ha dinamizado la Zona de Reserva Campesina de Morales y Arenal, y ha hecho parte del núcleo de pobladores del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.



De acuerdo con lo observado en el proceso judicial, fueron precisamente las actividades de liderazgo que ejercían las personas defensoras de derechos humanos lo que utilizó la Fiscalía para argumentar tanto su peligrosidad como su supuesto actuar delictivo. Según el ente investigador la peligrosidad de estas personas se determinaba por su “participación en juntas de acción comunal y en trabajos comunitarios”, y por “organizar marchas contra el Estado y la administración y hacer campañas políticas”. Bajo esta lógica, la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento de las personas defensoras de derechos humanos.

Medidas privativas

El juzgado decidió otorgarles medidas privativas de la libertad a todos los procesados; 11 de ellos fueron enviados a centros carcelarios, mientras que Milena Quiroz y Luz Gabriela fueron cobijadas con detención domiciliaria, con una característica particular en el caso de Milena quien fue obligada a fijar un domicilio fuera del sur de Bolívar, de su casa, es decir se le dispuso una medida de destierro. Ocho meses después, el Juzgado Primero Penal de Cartagena decidió revocar la medida de aseguramiento en contra de Milena Quiroz, Isidro Alarcón, Nubia Gómez Jaime, José David Jaime Lemus, Manuel Francisco Zabaleta y Félix Muñoz Mañara, 4 de ellos líderes sociales, al no encontrar elementos materiales probatorios suficientes para realizar la imputación de cargos.



Las detenciones continuaron

Sin embargo, las detenciones en el sur de Bolívar continuaron. En septiembre de ese mismo año, la Fiscalía Primera Especializada de Barrancabermeja realizó un operativo en la vereda Mina Piojo del municipio de Montecristo con el fin de capturar a 2 personas: una lideresa de Fedeagromisbol y a su esposo, directivo de la Asociación de Mineros de El Túnel. En marzo de 2018, la Fiscalía Novena Especializada de Bucaramanga desplegó un operativo en el municipio de Norosí en el que fueron detenidos 2 pobladores de la vereda la Garita y 1 líder de ese mismo sector.



Posteriormente, el 15 de julio de 2019 fueron detenidas 9 personas en el corregimiento La Plaza, municipio de Morales, sur de Bolívar, nuevamente fueron acusados de ser presuntos miembros del ELN. Uno de ellos, Jaime David Colorado, es hijo de un líder de Asociación de productores de Micoahumado (Asopromic), organización afiliada a la Fedeagromisbol. Tras esta última detención de los habitantes y trabajadores de la zona, la comunidad se movilizó en una marcha a la base militar para protestar, puesto que las personas capturadas eran ampliamente conocidas por la comunidad.



Por otro lado, la Fiscal Especializada que había solicitado la captura de las 13 personas en marzo de 2017 resultó capturada el 28 de julio de ese mismo año por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio y concusión. Según una investigación de la propia Fiscalía, existía una red que “negociaba libertades, detenciones domiciliarias, preacuerdos con grandes rebajas de pena a grupos paramilitares a cambio de cuantiosas sumas de dineros o dádivas”14, de la cual dicha fiscal haría parte.



Andrés era el coordinador de masas del ELN en las universidades públicas. Pese a realizar estas afirmaciones, la Fiscalía no realizó ninguna imputación a Julián Andrés relacionada con actividades de rebelión, delito que se corresponde jurídicamente con los hechos que afirmó apresuradamente el señor Villegas. El ente investigador lo acusó de tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, y receptación.

En las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento se conoció que la Fiscalía le imputó estos delitos porque según ella, Julián habría participado en una acción armada que se pretendía adelantar contra la infraestructura eléctrica en zona rural del municipio de Vianí, Cundinamarca, el 20 de julio de 2017. La Fiscalía presentó como prueba fundamental del caso a un testigo que fue compañero de estudios de Julián Andrés y que, en sus declaraciones, lo vinculó a la supuesta preparación del atentado en mención. Sin embargo, abogados del caso han criticado que esta sea la única prueba presentada por la Fiscalía y señalan que la evidencia no es idónea, dado que la persona testificó recibió beneficios jurídicos por su declaración.



Adicionalmente, la única vinculación es una prueba de referencia, es decir un testimonio, que además no puede ser ratificado por quien lo presentó, ni ser objeto de contradicción, dado que la persona falleció producto de delincuencia urbana el 5 de septiembre de 2018, cuando hombres lo asaltaron en la vía pública de Villavicencio para hurtarle su celular, y al presentar resistencia, recibió varios impactos de bala.

De otra parte, la Fiscalía no ha aportado evidencia que permita establecer que Julián estuvo presente en el lugar de los hechos ni su presunta co-autoría en las acciones que se le indilgan. Hasta el momento, no se ha recibido ningún testimonio de habitantes del lugar que señalen haber visto a Julián en la zona, o registros fílmicos que demuestren que él participó en el atentado a la infraestructura. A la fecha, Julián Andrés se encuentra privado de su libertad en establecimiento carcelario, lo que impide que continúe con el desarrollo de sus labores organizativas.

2 Movimiento Social y Político Marcha Patriótica. “Cartilla patrones de persecución y victimización al movimiento político y social marcha patriótica”, 2015, pág. 26. Recuperado de: https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1007: cartilla-patrones-de-persecucion-y-victimizacion-al-movimiento-politico-y-social-marcha- patriotica&catid=170:protocolos-y-cartillas-2015&Itemid=404

IR AL ENLACE

3 De las 196 investigaciones, 133 se encuentran en estado inactivo y 63 en estado activo. De estas, 54 en etapa de indagación y 9 en etapa de juicio. Información tomada de: Fiscalía General de la Nación, Respuesta al Derecho de Petición Orfeo 20191000022275, solicitado por el senador Iván Cepeda Castro, 19 de junio de 2019.

4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Op. cit., 31 de diciembre de 2015, pág. 18; párr. 12.

IR AL ENLACE

5 López de la Roche, F. Periodismo y Movimientos Sociales: Entre la estigmatización y el reconocimiento. Bogotá: Politécnico Grancolombiano, 2002, pág. 9

6 Umaña, C. “La Justicia Mediática en Colombia: un modelo de análisis para la relación entre el entendimiento del crimen y los medios de comunicación masiva”. En, Bejarano, R. Moreno, P. y Rodríguez M. (eds.) Reconciliación y Derecho Procesal. (pp. 619-650). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016, pág. 634.

7 Verdad Abierta. “Fiscal apeló a tratos discriminatorios para acusar a dos lideresas sociales de Tumaco” Verdadabierta.com, 27 de abril de 2018. Recuperado de: https://verdadabierta.com/fiscal-apelo-tratos-discriminatorios-acusar-dos-lideresas-sociales-tumaco/

IR AL ENLACE

9 Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Oficio N° 0081 PSDSJ-2019. Respuesta al Derecho de Petición del Senador Iván Cepeda sobre beneficios penales para las personas condenadas o procesadas por conductas relacionadas con la protesta social, 31 de julio de 2019.

10 Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Oficio N° 20191510306002. Respuesta al Derecho de Petición del Senador Iván Cepeda sobre amnistías e indultos para las personas condenadas o procesadas por conductas relacionadas con la protesta social, 24 de julio de 2019.

11 Liga Contra el Silencio. “Liderazgo en riesgo: la amenaza contra los líderes ambientales del Meta”, 16 de enero de 2019. Recuperado de: https://www.vice.com/es_latam/article/8xpwp3/liderazgo-riesgo-amenaza-contra-lideres-ambientales-meta

IR AL ENLACE

13 Unidad de Restitución de Tierras (URT) “URT desenmascaró a reclamantes que solicitaban tierras en Cesar y que se hicieron pasar por víctimas del conflicto armado”, 15 de junio de 2017. Recuperado de: https://www.restituciondetierras.gov.co/historico-de-noticias/-/noticias/855962.

IR AL ENLACE

14 Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP). “Detenida por corrupción fiscal que ordenó captura de líderes sociales en el Sur de Bolívar”, 3 de agosto de 2017. Recuperado de: http://www.comitedesolidaridad.com/es/content/detenida-por-corrupci%C3%B3n-fiscal-que-orden%C3%B3-captura-de-l%C3%ADderes-sociales-en-el-sur-de-bol%C3%ADvar

IR AL ENLACE



Cerrar [x]

CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA:

La judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz

        ÍNDICE        

Este informe documenta la situación de 249 personas defensoras de derechos humanos judicializadas entre enero de 2012 y 2019, la mayoría de ellas ejercían un liderazgo ambiental (74%)

Este informe hace una radiografía de una de las prácticas menos visibles de persecución y criminalización a defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia: la judicialización.

Esta práctica sutil es poco conocida, pero tiene efectos concretos en términos de paralizar o disuadir la labor de defensa de los derechos humanos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la criminalización de las defensoras y defensores se da a través del uso indebido del derecho penal y consiste en la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.

El informe resalta especialmente la relación entre las judicializaciones de los liderazgos que reclaman el acceso a la tierra, la defensa del territorio y del medio ambiente, y el papel de las empresas del sector minero-energético en dicha criminalización. Este documento fue elaborado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP– con la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC– y la Organización Mundial Contra la Tortura – OMCT–

+ Leer más
Defensores/as de DDHH judicializados por departamento
1
CONTEXTOS EN LOS QUE SE OBSERVA EL USO INDEBIDO DEL DERECHO PENAL

Entre enero de 2012 y 2019 (fecha de corte del 15 de julio de 2019), al menos, 249 personas defensoras de derechos humanos fueron judicializadas. De los 235 casos en los que se conoce el género de las personas:

17%
son mujeres

83%
son hombres

33

Defensores/as de derechos humanos
fueron judicializados cada año, casi 3 por mes (al mismo tiempo que 7 defensores/as son asesinados/as en este periodo), y 1 cada 11 días en los últimos ocho años.

En los últimos ocho años se observa una tendencia al ascenso del uso indebido del derecho penal para criminalizar a defensores/as de derechos humanos, a pesar de que en algunos años se registran descensos significativos

Si se toma como referencia el año 2012 y julio de 2019:
244%
Las judicializaciones han incrementado
125%
Al igual que el conjunto de agresiones a defensores/as

Las agresiones incluyen amenazas, asesinatos, atentados, detenciones, desapariciones, violencia sexual y robo de información, tomando como referencia el año 2012 y 2018 del Programa Somos Defensores.

¿QUIÉNES SON LAS Y LOS LÍDERES JUDICIALIZADOS?

Líderes ambientales y defensores/as de la tierra y el territorio

Promotores de protestas sociales

Defensores de una salida negociada al conflicto y la defensa de la paz

De las personas defensoras judicializadas:

Lo que establece una clara relación entre la defensa de los derechos humanos en contextos de luchas ambientales y el uso indebido del derecho penal

Cuando se hacen varias denuncias por los delitos de falso testimonio y régimen penal a reclamantes de tierras del caso de la “Hacienda Bellacruz” en el departamento del Cesar.

2
ACTORES QUE INTERVIENEN EN EL USO INDEBIDO DEL DERECHO PENAL

En los procesos de manipulación del poder punitivo para criminalizar la labor de defensa de los derechos humanos intervienen tanto actores estatales (Fiscalía General de la Nación, Fuerza Pública) como no estatales, como las empresas privadas nacionales y transnacionales, en particular del sector minero-energético, y propietarios de tierras. El papel de las empresas privadas en las judicializaciones se evidencia en la privatización de la justicia y de la Fuerza Pública por medio de la celebración de convenios de cooperación con el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, así como con la Fiscalía General de la Nación.

Distribución por sector de los convenios de cooperación
Principales empresas con convenios con la fuerza pública
Convenios de Ecopetrol con la Fiscalía General de la Nación
Estructuras de apoyo de la Fiscalía General de la Nación
Batallones especiales energéticos y viales del Ejército
Conclusión
Fuente: Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio. Convenio No. 18 – 017. Recuperado de: http://rutasdelconflicto.com/convenios-fuerza-justicia/node/50
3
VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO Y OTROS DERECHOS HUMANOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES

En los procesos de manipulación del poder punitivo intervienen legisladores que aplican criterios ambiguos en el proceso de configuración penal; fiscales que actúan de manera irregular en el proceso de investigación a través del uso de testigos y fuentes poco fiables; Jueces que promueven decisiones no basadas en derecho; y miembros de la Fuerza Pública que participan en la elaboración irregular y falsa de informes de inteligencia.

La CIDH, en su informe sobre criminalización de defensores/as de derechos humanos4, identificó algunas de las formas mediante las cuales se criminaliza la labor de estas personas:

Esta puede tomar lugar, por ejemplo, mediante la presentación de denuncias infundadas o basadas en tipos penales no conformes con el principio de legalidad, o en tipos penales que no cumplen con los estándares interamericanos atendiendo a las conductas que castigan. También puede darse a través de la sujeción a procesos penales prolongados y mediante la aplicación de medidas cautelares con fines no procesales.

1

Uso indebido de tipos penales de lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y otras leyes relativas a la seguridad nacional.

2

Violación de la libertad personal y el presupuesto de peligrosidad en la labor de defensa de los derechos humanos para imponer prisión preventiva.

3

Uso de testigos poco fiables y demoras injustificadas de los procesos penales.

Asesoramiento a Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados

Además de esto, la criminalización se evidencia a través de:
Una recurrente exposición de motivos basada en narrativas estigmatizantes, propias de un lenguaje de “lucha contra el terrorismo”, para la aplicación arbitraria de las normas.

Porcentaje de delitos imputados a defensores/as de DDHH (2012 - 2019)

Ver grafico
completo
Un proceso de selectividad penal (criminalización secundaria) basado en criterios de conveniencia política y de interpretaciones inadecuadas y mal intencionadas de la ley.

Los dos delitos que se imputan en mayor medida a las personas defensoras de derechos humanos, bajo la perspectiva de que su labor está asociada a actividades que buscan desestabilizar al Estado, son:



Rebelión
(art. 467 del Código Penal)

Concierto para delinquir
(art. 186 del Código Penal)

Los cuales están asociados a normativas de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.

Una de las circunstancias que más afectan la labor de la defensa de los derechos humanos es:


La imposición de medidas privativas de la libertad por parte de las autoridades judiciales a las personas que son investigadas en su razón su liderazgo y labor
Tales medidas de aseguramiento contrarían los estándares internacionales en materia de prisión preventiva, y constituyen una forma de violentar el principio de presunción de inocencia de las personas defensoras de derechos humanos y un castigo a su labor. Se aparta a las personas de su trabajo y se las priva de la libertad antes de proferirse una sentencia judicial, interfiriendo con las actividades de defensa que realizan y su rol en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho.

Información acerca de los estándares internacionales
Ver
En varios casos, las personas recobran su libertad por vencimiento de términos o porque la captura se declara ilegal en segunda instancia.

Como ocurrió en las capturas masivas en el sur de Bolívar en marzo de 2017 (ver más información en el apartado de casos emblemáticos de este informe) o en el caso de las y los estudiantes judicializados en Bogotá el 8 de julio de 2015; caso conocido como “Los 13”

Si bien el Código de Procedimiento Penal establece unos requisitos que deben ser observados por los jueces al momento de decretar una medida de aseguramiento como la necesidad de la misma, la peligrosidad del imputado o la posibilidad de fuga, el nuevo artículo 313A del Código de Procedimiento Penal, adicionado por la Ley 1908 de 2018, incorpora una serie de criterios para determinar la peligrosidad y el riesgo de no comparecencia del imputado, los cuales crean presunciones de una manera imprecisa y vaga.


Algunos de los criterios son:
i) cuando el tiempo de existencia del grupo supere dos (2) años
ii) cuando el número de miembros del grupo sea superior a quince (15) personas
El artículo nuevo somete indiscriminadamente y de manera automática a prisión preventiva a todas las personas que les sea imputada su pertenencia a un Grupo Armado Organizado (GAO), desconociendo los principios de presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad que deben observarse en cada caso concreto. Dicho de otro modo, la presunta pertenencia a un grupo armado y las demás causales establecidas constituyen presunciones de la peligrosidad y riesgo de no comparecencia. En estos casos, ni la Fiscalía ni los jueces están obligados a acreditar y fundamentar que el imputado podría eludir el accionar de la justicia u obstaculizar la investigación judicial.
+ Más información de los casos
Varios de los procesos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos están soportados en las declaraciones de presuntos desmovilizados o excombatientes, quienes las señalan de hacer parte o cumplir alguna función en un grupo armado ilegal o un grupo insurgente.
Sin embargo, las afirmaciones de los testigos son vagas o ambiguas, puesto que es común que no haya soportes materiales o de referencia; es decir que solamente se acude a la fidelidad y calidades del testigo, quien puede estar viciado por la presión de resolver su condición jurídica y la intención de recibir algún trato preferencial con su declaración.

Otra de las características de la criminalización a defensores/as de derechos humanos es la duración irrazonable de los procesos penales a los que están sujetos/as. Luego de que recuperan su libertad, generalmente por vencimiento de los términos procesales, los procesos penales continúan en el tiempo, en una prolongación injustificada, sin que sea definida su situación jurídica o sin que sea dictada una sentencia absolutoria de manera oportuna.

4
CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO Y ESTIGMATIZACIÓN

En Colombia, el ascenso del discurso sobre la “lucha contra el terrorismo”, que transformó la geopolítica global y las políticas de seguridad nacional de distintos países a partir del 11 de septiembre de 2001, incidió en el tratamiento del conflicto armado en el país. En concreto, no solo se negó su existencia, en los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, sino que se hicieron sistemáticos los discursos que extendieron la categoría de “terrorismo” a las personas y organizaciones sociales que defienden y promueven los derechos humanos. A pesar de la política de paz impulsada en los dos gobiernos de Juan Manuel Santos, que incluyó un reconocimiento de la existencia del conflicto armado, esta situación persistió.

Las declaraciones estigmatizantes por parte de funcionarios públicos y actores privados, como empresarios, en los medios de comunicación afectan la labor de defensa de los derechos humanos y contribuyen al incremento del uso indebido del derecho penal para judicializar a defensores/a.

Las campañas de desprestigio:
1
2
3

Declaraciones públicas y estereotipos negativos sobre la defensa de los derechos humanos y el derecho a la protesta social:

Álvaro
Uribe Vélez

General
Alejandro Navas

Juan Manuel
Santos

Juan Carlos
Pinzón

José Félix
Lafaurie

Coronel Germán
Rojas Díaz

Luis Carlos
Villegas

Guillermo
Botero

Jorge Enrique
Bedoya

1

Actores que participan en las campañas de desprestigio y estigmatización

2

Tratamiento de la protesta social

3

Justicia mediática: tratamiento mediático de las capturas a defensores/as de derechos humanos

La Fuerza Pública es el actor que más participa de las campañas de desprestigio y estigmatización
Ver gráficas
integrantes del Ejército Nacional y la Policía Nacional realizaron declaraciones públicas estigmatizantes en medios de comunicación o fueron la fuente directa para construir la noticia sobre las capturas y la judicialización de defensores/as.
Con respecto a los funcionarios del gobierno, cabe destacar el rol que ha tenido el Ministerio de Defensa en las campañas de desprestigio y estigmatización de la labor de defensa de los derechos humanos.
Entidad que denunció, en el año 2017, a un amplio número de reclamantes de tierras por falso testimonio y régimen penal en el caso de la “Hacienda Bellacruz”, en el departamento de Cesar.
Funcionarios Públicos
La protesta social también ha sido objeto de señalamientos por parte de funcionarios públicos, a pesar de estar ligada a los derechos de reunión, asociación y expresión, los cuales son derechos fundamentales para concebir a un régimen como democrático y pluralista. El discurso sobre la “infiltración” del terrorismo o la criminalidad en la protesta social se ha posicionado de la mano con los señalamientos a distintas organizaciones y movimientos sociales que promueven y defienden los derechos humanos.
Medios masivos de comunicación
Además, los medios masivos de comunicación no solo difunden las declaraciones de funcionarios públicos y actores privados, generalmente de manera acrítica, sino que reproducen estereotipos negativos sobre la protesta social a partir del cubrimiento mediático de las movilizaciones sociales, los paros, las huelgas, etc. Los medios de comunicación hegemónicos suelen cubrir la protesta social siguiendo un “guion mental del traumatismo”5. Esto quiere decir que amplifican su carácter disruptivo, en términos del impacto que puede tener la movilización social en la movilidad y en ciertos sectores económicos, para invisibilizar y deslegitimar las demandas de las personas, organizaciones y movimientos sociales que protestan.
Estas narrativas repercuten en la actuación de los agentes de policía destinados a la “protección” del ejercicio de la protesta social pacífica, incrementando la violencia institucional o al uso arbitrario de las facultades de la policía al tratar a la protesta social como un problema de “orden público” o de “criminalidad”, y no como el ejercicio de derechos fundamentales.
5
TRATAMIENTO PENAL DE LA PROTESTA SOCIAL EN LA JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP)
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera contempla un conjunto de medidas y lineamientos para garantizar el ejercicio de la protesta social, bajo el entendido que esta es un mecanismo de participación ciudadana que aporta a la construcción de paz. El derecho a la protesta social debe ser protegido en una democracia, cuando menos, porque está ligado a los derechos de reunión, asociación, participación y expresión, los cuales son condiciones necesarias para concebir como democrático a un régimen político, incluso en las perspectivas minimalistas de la democracia.
Las medidas que se proponen se enmarcan en dos perspectivas:
Adecuación normativa e institucional
Conjunto de medidas
Cabe aclarar que estas medidas no tienen la motivación de equiparar la actividad de la protesta con el ejercicio de la rebelión, sino de remediar un daño antijurídico producido por el Estado, al penalizar una conducta protegida constitucionalmente. Estas medidas favorables a nivel penal dejan ver uno de los aspectos en los cuales el Acuerdo de Paz de Colombia es innovador y sirve como referente para los procesos de transición democrática en el mundo.

Balance

6
IMPACTOS DE LA CRIMINALIZACIÓN

La criminalización a defensores/as tiene unos impactos negativos en múltiples dimensiones. En el registro de la vida personal y familiar existen efectos en la salud física y psicológica de las personas judicializadas, y sus familiares y allegados, y otras consecuencias para su vida social. Así mismo, existen costos significativos de carácter económico. Por otra parte, en un registro más colectivo, la criminalización, por medio de las judicializaciones, también condiciona y afecta los procesos organizativos o movimientos sociales en los cuales trabajan las personas defensoras judicializadas y, de manera más general, impactan negativamente la labor de defensa de los derechos humanos en su conjunto.

Efectos en la vida personal y familiar
Efectos en la vida colectiva, las organizaciones sociales y la labor de defesa de los derechos humanos
Psicológicos y emocionales
En la salud física
Económicos

“El temor por la vida y la integridad es el día a día, pienso que me va a pasar algo mientras duermo”.

Paola Andrea Salgado

Las personas defensoras de derechos humanos que tienen procesos judiciales en su contra están expuestas a sentimientos de angustia, impotencia, estrés, incertidumbre, ansiedad y depresión que se pueden manifestar en insomnio y en afectaciones a su salud física. En general, las demoras injustificadas en estos procesos, así como la imposición de medidas privativas o de condiciones de seguridad más restrictivas de la libertad, contribuyen a exacerbar estas afectaciones, puesto que las personas detenidas se encuentran en un mayor nivel de aislamiento, incomunicación e indefensión.
+ Ver más información
Psicológicos y emocionales
En la salud física
Económicos

Las afectaciones psicológicas suelen estar acompañadas de problemas en la salud física de las personas judicializadas y de sus familiares.

Los familiares más cercanos presentan un decaimiento en el estado emocional que se puede traducir en enfermedades o en el empeoramiento de condiciones de salud previas. Por ejemplo, la madre de Julián Andrés Gil, integrante del Congreso de los Pueblos, sufre de diabetes y ha tenido 2 preinfartos tras su judicialización. La madre de Fredy Adolfo Figueroa López, defensor de la Asociación Nacional Campesina “José Antonio Galán Zorro” (Asonalca) y de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc), en Casanare, también ha presentado enfermedades relacionadas con la depresión

Psicológicos y emocionales
En la salud física
Económicos

Uno de los cambios en las dinámicas familiares se relaciona con las afectaciones económicas derivadas de la judicialización y de los esfuerzos para lograr la liberación de la persona que está siendo criminalizada.

Los costos incluyen:

• El pago por la representación jurídica
• Multas en caso de que así se establezca en las condenas penales o sanciones administrativas
• Costos de los desplazamientos a las instalaciones judiciales desde zonas apartadas
• También hay costos derivados de mantener unas condiciones dignas dentro de las cárceles, producto de la corrupción que se presenta al interior de estas.

+ Más información
Estigmatización y otras violencias
Afectaciones en las causas que abanderan defensores/as y organizaciones de derechos humanos

"Primero se meten con lo personal para desprestigiar tu voz y después tratan de hacerlo con toda la acción colectiva del proceso, y […] cuando no es suficiente, pasan a las amenazas, y de las amenazas al acoso judicial, y de ahí, al intento de secuestro y la desaparición forzada. Como no pueden acabar con la resistencia la escalada puede terminar en el asesinato o en la cárcel"

Isabel Cristina, Movimiento Ríos Vivos.
+ Ver más información
Estigmatización y otras violencias
Afectaciones en las causas que abanderan defensores/as y organizaciones de derechos humanos

La criminalización genera un efecto amedrentador y paralizante en otras defensoras y defensores quienes por miedo a sufrir retaliaciones pueden abstenerse de realizar sus tareas de promoción y protección de los derechos humanos, lo cual afecta a la sociedad en general dado que las defensoras y defensores promueven denuncias, reclamos y reivindicaciones a nivel social y colectivo que contribuyen a la realización del Estado de derecho y la democracia por medio del combate a la impunidad .CIDH

+ Ver más información
7
CASOS EMBLEMÁTICOS
Ocho Líderes En San Luis De Palenque
Miembros de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca)
Alix Miriam Aguilar: vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Unidas por Casanare (Asmuc)
Líderes reclamantes de tierras de la “Hacienda Bellacruz”, Cesar
Capturas masivas en municipios del sur de Bolívar
Detención de dirigente social Julián Andrés Gil Reyes
27 DE NOVIEMBRE
DE 2018 - 2:40am
Fueron allanadas las viviendas de 8 personas del municipio de San Luis de Palenque, Casanare.
Con un operativo de más de 200 oficiales del Ejército y la Policía, y dos helicópteros, las autoridades procedieron con la captura de estas personas, las cuales iban a ser procesadas por los delitos de concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción de vías que afectan el orden público, entre otros delitos. El operativo, según la Fiscalía General de la Nación, buscaba desmantelar un supuesto Grupo Delictivo Organizado (GDO) que para las autoridades tenía como propósito utilizar la protesta social como fachada de sus actividades ilícitas.
Leer el caso completo
Siete de los ocho detenidos hacen parte de una misma familia.
ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO (ASONALCA)
Organización que agrupa en su seno a campesinos/as que adelantan actividades agrícolas, pecuarias, forestales, piscícolas y acuícolas, con el objeto de contribuir al desarrollo del sector rural nacional.
Fue fundada el 27 de septiembre del año 2011 y durante los últimos dos años han sido judicializados 5 de sus miembros
Los cuales se encuentran actualmente privados de su libertad en establecimiento carcelario.
Los delitos por los cuales fueron judicializados los integrantes de Asonalca son concierto para delinquir agravado, rebelión y extorsión. La Fiscalía los acusa de pertenecer al Frente José David Suárez del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pese a que el ente investigador no ha presentado pruebas claras y contundentes, sino que solo relaciona sus actividades de liderazgo social y de defensa de derechos humanos, así como su formación política, como sustento de su “presunta actividad ilegal”.
Leer el caso completo
ALIX MIRIAM AGUILAR
Mujer de 47 años, oriunda del municipio de Arauquita (Arauca), y es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Unidas por Casanare (ASMUC).
Ella se desplazó al departamento de Casanare en el año 2012, luego de que la su hermano fuera asesinado y ella amenazada de muerte, presuntamente por las FARC. Con posterioridad a su desplazamiento, se asentó en la zona actualmente conocida como Mi Nueva Esperanza, en la cual existen 409 viviendas de población víctima del conflicto armado. Para visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la comunidad, Alix Miriam promovió procesos de organización y movilización social. Durante los años 2014 y 2015 la comunidad protagonizó marchas y plantones en la vía pública que conduce al asentamiento, para exigir que cesaran los intentos de desalojos y se realizara un proceso de reubicación con dignidad.
Pese a que la Corte Constitucional ha establecido que un desalojo no se puede hacer sin contemplar alternativas que garanticen albergues temporales y soluciones de vivienda definitiva para las personas desplazadas, en Mi Nueva Esperanza la Policía ha intentado realizar varios desalojos, a solicitud de quien dice ser la propietaria del terreno, quien es una importante empresaria de la ciudad.
Leer el caso completo
15 DE JUNIO
DE 2017
Un total de 40 personas reclamantes de tierras del caso conocido como “Hacienda Bellacruz” fueron denunciadas ante la Fiscalía por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) por los delitos de falso testimonio y régimen penal.
Según la URT, no se trataba de fidedignos reclamantes de tierras, dado que algunos de ellos habían vendido voluntariamente sus tierras, y otros seguían viviendo en la zona después de los hechos desatados por las incursiones paramilitares padecidas en Bellacruz en 1996. Entre las personas procesadas se destacan defensores de derechos humanos pertenecientes a la Asociación Colombiana Horizonte de Población desplazada (Asocol).
La comunidad de la Hacienda Bellacruz, hoy Hacienda la Gloria (un predio rural con aproximadamente 9.000 hectáreas ubicado en los municipios de Pelaya, La Gloria y Tamalameque en el departamento de Cesar) fue víctima de crímenes atroces durante muchos años.
Esto generó el desplazamiento masivo de alrededor de 280 familias en el año 1996, en hechos cometidos por paramilitares, en conjunto con autoridades locales civiles y militares, al mando de “Juancho Prada”, comandante paramilitar del Frente Héctor Julio Peinado que llevaba más de 40 asesinatos de campesinos en la región.
Leer el caso completo
21 DE MARZO
DE 2017
ENTRE LAS 4:00
Y 8:00 AM
Más de 250 miembros de la Policía Nacional y de la Segunda y Primera División del Ejército Nacional capturaron, por orden de la Fiscalía 03 del Circuito Especializado de la ciudad de Cartagena, a 13 personas habitantes de los municipios del sur de Bolívar, algunos de los cuales eran defensores/as de derechos humanos.
Junto a ellos fueron detenidos varios habitantes de la comunidad de la región del sur de Bolívar de los municipios de Arenal, Norosí, Tiquisio y el corregimiento de Micoahumado del municipio de Morales, y todos fueron señalados de supuestamente hacer parte de la “Red de Apoyo al Terrorismo (RAT)” del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Leer el caso completo
MIÉRCOLES 6 DE
JUNIO DE 2018
Fue detenido Julián Andrés Gil Reyes en Bogotá D.C.
Julián Andrés es licenciado en filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), activista de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia (Anjeco) y parte del Movimiento Juvenil y Popular Quinua, en el cual participaba en procesos de educación y comunicación comunitaria en el sur de la ciudad de Bogotá. Para las fechas en que fue detenido, Julián Andrés se encontraba organizando el Pre-Icfes Popular “Vamos por la U Pública”, en el área de Lectura Crítica y Filosofía. Así mismo, apoyaba el espacio de “Análisis de Realidad”, el cual propiciaba debates de coyuntura sobre el acontecer del país, la ciudad y la localidad y se desempeñaba laboralmente como secretario técnico y miembro de la comisión internacional del Congreso de los Pueblos.
Fue el Ministro de Defensa del momento, Luis Carlos Villegas, quien afirmó ante medios de comunicación que habían sido capturados tres supuestos cabecillas de las células urbanas del ELN, quienes “pretendían cometer acciones subversivas en la capital del país” 15 . Según Villegas, Julián
Leer el caso completo

Realizan

Financian

Logo Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos Logo Programa de Garantías para la paz Logo OMCT Logo COSPACC
Logo Heinrich Boll Stiftung Logo MISEREOR Logo The Norwegian Human Rights Fund Logo Gobierno del Principado de Asturias Logo Republique et Canton de Geneve Logo Pueblo y Dignidad Logo Meyrin

Las opiniones y planteamientos expresados en esta publicación no reflejan, necesariamente, la posición de las organizaciones que lo financian