Los estudiantes universitarios de Colombia, desde su proceso de mantener la memoria histórica de su existencia política en la construcción de conocimiento, se dan cita en el Departamento de Cordoba con el fin de denunciar los crímenes que los paramilitares directamente con funcionarios públicos del Estado han venido cometiendo conra la comunidad académica-Universitaria, en específico de la Costa Caribe de Colombia dentro del contex nacional de criminalización de la protesta social y la victimización del gremio universitario.

 

 

El 24 de Octubre de 2008, en el coliseo HAPPY LORA en la ciudad de Montería-Córdoba, el Movimiento Nacional De Victimas De Crímenes De Estado, junto a organizaciones estudiantiles de Colombia, interesados en denunciar la criminalización de la protesta estudiantil, celebraron la novena audiencia Pública por la Verdad, esta vez específicamente enfocada en el tema de las violaciones de derechos humanos de profesores, trabajadores y estudiantes del sector universitario de la costa Caribe Colombiana. Así mismo la audiencia contó con la presencia y participación  de la senadora del congreso de la República PIEDAD CÓRDOBA RUIZ, un delegado de la gobernación de Córdoba, un delegado de defensoría nacional del pueblo, una delegada de la Defensoría regional del pueblo y una delegada de la procuraduría General de la Nación.

 

A pesar del poder económico político y paramilitar que los Castaño y Mancuso siguen ejerciendo a través de terceros en la región, la participación de la ciudadanía fue valiente en denunciar la violencia estatal y paramilitar contra la comunidad universitaria. En los días previos a la audiencia varios organizadores fueron victimas de hostigamientos: seguimientos, toma de fotografías por desconocidos. La representación de Tierralta en medio de un clima de abierta presencia paramilitar autonombrados como “Autodefensas Gaitanistas”, se abstuvo de participar.

Objetivos generales de la audiencia consistieron:

 

1.    Denunciar la agresión y violación de derechos a la comunidad universitaria en  Córdoba y en los campus universitarios del resto del país.

 

2.     Apoyar la reconstrucción de la memoria histórica de las víctimas de crímenes de Estado de la comunidad universitaria.

 

3.    Identificar las necesidades en materia de derechos humanos de las regiones y sectores sociales más afectados por los crímenes de Estado.

 

4.    Buscar caminos alternativos para esclarecer los crímenes de Estado contra la comunidad universitaria.

 

5.    Denunciar públicamente a los responsables y beneficiarios de los crímenes de Estado.,, Recogemos aquí abajo parte de la denuncia que se hizo sobre la infiltración paramilitar en la Universidad de Córdoba.

 

El departamento de Córdoba ubicado al noroccidente del país ha sido desde mediados de la década de los 80, al lado del Magdalena Medio, escenario de la actividad PARAMILITAR en Colombia, fenómeno que permeó sus instituciones y la sociedad.

 

La universidad de Córdoba, fue creada en el año 1964, con el objeto de propiciar una infraestructura social en la región, teniendo como base programas de agronomía y licenciatura en Ciencias Sociales. La violencia y la criminalización contra el claustro universitario se desató con mayor rigor, a continuación se relatan los hechos que constituyen solo parte del inter criminis de los PARAMILITARES  en concurso con políticos y directivos de la Universidad de Córdoba, hoy más que nunca enquistados y consolidados con la administración del actual Rector CLAUDIO ENRIQUE SANCHEZ PARRA; aún así la academia no es vengativa, solo busca la verdad, la justicia y la Reparación integral.

 

El 17 de febrero de 2003, ante la persistente información de que será designado Rector Claudio Sánchez Parra, las agremiaciones realizan una Asamblea triestamentaria, previa información a las directivas de la institución, de quienes reciben una ilegal arremetida que culmina con una citación el día 18 de febrero para asistir a una reunión de Consejo Superior con los comandantes paramilitares fuera de la Universidad. 

 

A las 4: 30 de la tarde de ese 18 de febrero de 2003, un vehículo de la empresa Cooperativa de Transportadores Tucurá, recogió a los directivos de ASPU, SINTRAUNICOL y AJUCOR, y los condujo hasta el corregimiento de Santafé de Ralito del Municipio de Tierralta, a donde se llegó a las 6:30 p.m., a un campamento paramilitar, resguardado por individuos que portaban armamento de largo y corto alcance.

Al poco tiempo llegaron al campamento paramilitar, en una camioneta, el Rector Claudio Sánchez Parra junto con Salvatore Mancuso, quienes con un trato de camaradería dan inicio a la reunión en la que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, con hojas de vida en mano (documentos que son de uso de la Universidad), llamó a lista a diferentes representantes de los gremios de la Universidad de Córdoba, manifestando y sentenciando que había que elegir como Rector al señor Claudio Sánchez Parra por ser su gran amigo.

 

A la pregunta de uno de los representantes de la Asociación de Profesores  (hoy testigo y víctima)  de porqué la academia y la Universidad tenía que definirse clandestinamente con personas ilegales en una forma vergonzosa para la misión de la Universidad, el señor Mancuso respondió “que ellos era ilegales pero legitimados por el pueblo y que estaban en la Universidad de Córdoba porque existía infiltración de guerrilla pero que ya los habían acabado y lo que quedaba ya no tenía fuerza pero que iban a seguir en la Universidad”.

 

Tal como sentenció Mancuso, la reunión de Consejo Superior del 18 de junio de 2003 designó como Rector en propiedad al Doctor Claudio Sánchez Parra  (con el salvamento de un voto), desoyendo los pronunciamientos de los gremios y sin consultar a la comunidad universitaria.

 

Meses después dos de los conductores de la camioneta de la Universidad en la que se desplazaba el Rector Claudio Sánchez Parra desaparecieron; luego fueron hallados los restos de uno de ellos.

 

El 26 de septiembre de 2003 el Ministerio de la Protección Social comunicó que mediante Resolución 002534 del mismo año había sido declarada la ilegalidad de un supuesto cese de actividades realizado por los trabajadores y profesores los días 17 y 18 de febrero, proceso del cual los trabajadores no tuvieron conocimiento, y menos posibilidad de ejercer derecho alguno de defensa, pero curiosamente no se pronuncia sobre la ilegal y clandestina reunión obligada con los paramilitares.

 

El historial de violencia socio-política desatada  por el Estado a través  de su política paramilitar, es interminable, pero lo denunciado en el Departamento de Córdoba constituye parte testimonial y documental de esos delitos Estatales, que llevan a la comunidad universitaria del país a solicitar proceda de acuerdo con la ley y se abran las investigaciones para que el Alma Mater de la Universidad de Córdoba no siga siendo escenario de la ilegalidad, la vergüenza y la barbarie.