COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA

En el día internacional en apoyo de las víctimas de la tortura exigimos al Estado el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención y sanción de este crimen

Mañana 26 de junio se celebra el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura[1]. En esta oportunidad, la Coalición Colombiana contra la Tortura[2] y la Organización Mundial contra la Tortura[3] reiteran su rechazo a la práctica sistemática y generalizada de este crimen registrada en Colombia, y emiten su voz de solidaridad con las personas y comunidades que han sido víctimas de la violación a su integridad personal. Las cuales han sufrido los impactos físicos y psicológicos que se derivan de esta práctica que afectan su entorno familiar y social.

A propósito de esta conmemoración, quisiéramos reiterar nuestra preocupación por la grave situación de tortura que se registra en Colombia. Tal y como lo constató el Comité contra la Tortura, en su examen de noviembre de 2009, “la incidencia de tortura en el Estado Parte sigue siendo alta y corresponde a patrones específicos que indican una aplicación generalizada”. Esta práctica se registra en diferentes escenarios y con diversos propósitos que incluyen la obtención de información y confesión, el sometimiento de la población carcelaria, y la imposición de control social sobre comunidades por parte de los actores armados. Estas prácticas afectan particularmente a grupos en condiciones de vulnerabilidad, como en el caso de las mujeres, quienes son víctimas de violencia sexual y de discriminación por razones de género.

Quisiéramos insistir en la ausencia de investigación y sanción de estos crímenes. Aunque, a noviembre de 2009, la Fiscalía General de la Nación reporta información sobre 6.956 investigaciones penales por el delito de tortura, el 93% (6.470) se encontraban en etapa de investigación preliminar, y sólo el 0,4% (28) en etapa de juicio. Es preocupante que sólo el 0,5% de las investigaciones estén asignadas a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, y que no se haya creado una unidad especial para investigar estos crímenes.

Por lo tanto, es urgente que el Estado cumpla con la recomendación formulada por el Comité contra la Tortura, en el sentido de que las investigaciones por el delito de tortura “sean llevadas a cabo por las autoridades competentes, que procedan a una investigación pronta e imparcial y que se sancionen esos delitos con penas adecuadas teniendo en cuenta su gravedad”. A su vez le reiteramos su obligación de dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en esta materia por el Comité contra la Tortura, en especial la que insiste “al Estado Parte a que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención lo antes posible para mejorar la prevención de violaciones de la Convención”. Dicho instrumento establece mecanismos de prevención de hechos de tortura a favor de las personas privadas de la libertad, quienes permanentemente están expuestas a la violación de su integridad personal.  

Instamos también al Estado de Colombia a que implemente todas las medidas necesarias para prevenir la comisión de hechos de tortura, y adopte una política de reparación integral que garantice la satisfacción de todas las víctimas sin discriminación alguna.

Bogotá y Ginebra, 25 de junio de 2010