Ese mismo Estado pro-guerrerista y carcelario, invierte el 0.6% del PIB en educación, cuando el gasto total invertido en guerra, el 6.5%, bastaría para solucionar el problema del saneamiento básico de la población pobre colombiana: salud, educación, alcantarillado...

La “seguridad democrática”, impulsada por el presidente Á. Uribe V, ha violentado la conciencia ética y jurídica de la humanidad por medio de las desapariciones forzadas, el encarcelamiento de estudiantes, docentes, obreros y obreras, campesinos y campesinas, con los más de 4 millones de personas desplazadas forzosamente, cometiendo ejecuciones extrajudiciales que son homicidios en personas protegidas en medio de un conflicto armado, donde el Estado y sus fuerzas armadas secuestran y asesinan civiles sistemáticamente para luego presentarlos como insurgentes dados de baja en combates que, en mucho de los casos, son sepultados como NN, provocando con ello desapariciones.

Los derechos humanos y el pensamiento crítico son perseguidos, violentados; las acciones civiles de resistencia y exigibilidad de derechos son Criminalizadas, judicializadas, asesinadas, y en lugar de ellas se pretende seguir imponiendo el terrorismo de Estado que considera a sus críticos como enemigos a ser exterminados.