Como organizaciones de víctimas y de derechos humanos nos preocupa que la elección de los Fiscales que van a integrar la Unidad de Investigación y Acusación se haya realizado sin un proceso de convocatoria y verificación pública que permitiera conocer los criterios y requisitos para ejercer dichos cargos, ni se facilitaran mecanismos para la participación de la sociedad civil a través de intervenciones ciudadanas, como ocurrió en la exitosa experiencia del Comité de Escogencia.