Acudimos con URGENCIA y PREOCUPACIÓN ante los organismos intergubernamentales de Derechos Humanos, a efectos de poner en su conocimiento los graves hechos de uso excesivo de la fuerza y abuso de poder por parte de la Policía de Colombia, a través de los cuales se ha atentado contra los derechos a la vida e integridad personal de ciudadanos(as) colombianos(as).
Esta iniciativa legislativa si bien representa un gran avance para la reparación a las víctimas del conflicto armado colombiano, no puede desviar su objetivo para incluir disposiciones que puedan afectar los derechos y garantías de las víctimas y poner en riesgo la restitución formal y material de los predios, así como el goce efectivo del derecho a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición.
Esta semana el Consejo de Estado debe decidir una tutela interpuesta por víctimas del Casanare y apoyada por 75 víctimas más, por el derecho a que no venzan los plazos para demandar reparación integral por crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes estatales.
Denunciamos y rechazamos el abuso de autoridad del subintendente ABRAHAM MUÑOZ adscrito a la Policía Nacional en el Municipio de Tona, Santander quien capturó a un menor de edad campesino en dicho municipio acusándolo de infringir el toque al encontrarlo alimentando los porcinos ubicados en el perímetro de la finca propiedad de su familia.