Cada vez que ocurren interceptaciones ilegales, de acuerdo a la CIDH, la información recogida suele ser usada para “facilitar las ejecuciones extrajudiciales de trabajadores de los derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado o de grupos paramilitares”.
Congresistas, concejales y defensores de DD.HH. enviaron este martes una comunicación a la Fiscalía de la CPI informando sobre la presunta comisión de delitos de lesa humanidad ocurridas en Colombia durante manifestaciones.
Un grupo de personas, organizaciones sociales, defensores y defensoras de DDHH, estudiantes, periodistas, docentes, familiares de víctimas y víctimas de violencia policial presentamos una acción de tutela solicitando la protección de nuestro derecho fundamental a la protesta, la libertad de expresión y de prensa.
La suspensión inmediata de estos funcionarios debe darse para prevenir que los hechos del 9 de septiembre vuelvan a repetirse.